EQUO Cantabria teme que el convenio firmado por el Gobierno regional y la Federación
de Municipio para agilizar la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico va
a introducir nuevos elementos de preocupación al desorden y a la inseguridad jurídica que caracterizan al urbanismo de Cantabria.
Para EQUO las prisas por sacar adelante una nueva reforma de la Ley del Suelo, antes de
aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), evidencia un inquietante
interés por favorecer la construcción masiva e indiscriminada en suelo rústico, porque
recordemos que en estos momentos ya existen amplias posibilidades para hacerlo tras la
reforma aprobada en 2009.
En este sentido, EQUO Cantabria sostiene que la proliferación de segundas residencias en
suelo rústico imposibilitaría la puesta en marcha de futuros planes de desarrollo rural que
generen empleo y el incremento de la población rural, además de provocar un deterioro
importante del paisaje rural y dificultar y encarecer la disposición de servicios y dotaciones como electricidad, agua y saneamientos.
Ante este oscuro panorama, EQUO apuesta por dar un giro profundo a la política territorial y urbanística de Cantabria, pasando en primer lugar por la aprobación de un PROT que asigne el uso del suelo con criterios racionales y de sostenibilidad ambiental, pero también anteponiendo el interés general y el estricto cumplimiento de la Ley a cualquier otra consideración.
Además EQUO Cantabria advierte que la disposición de suelo no es infinita y que los
ecosistemas que alberga son fundamentales e irreemplazables para nuestra sociedad,
apostando decididamente por reducir la urbanización dispersa y difusa en el territorio por
motivos energéticos, agro-productivos, sociales, económicos y ambientales.
Por último, EQUO advierte que la propuesta del Gobierno regional y la Federación
de Municipios va por el camino de la insostenibilidad y de espaldas a los objetivos
internacionales para luchar contra los efectos del cambio climático, un compromiso
que debería estar presente en todas y cada una de las acciones de las administraciones
cántabras, en cumplimiento de las disposiciones del Tratado de la Unión y de la Estrategia
Territorial Europea.