Los directores generales y secretarios generales del Gobierno de Cantabria, así como los titulares de los organismos autónomos, serán nombrados a dedo
El partido ecologista afirma que el modelo de designación de los cargos directivos provoca ineficiencia y desmotivación en la Administración Autonómica
La nueva ley de Cantabria 5/2018 de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria había generado una razonable expectativa de regeneración y racionalización de la Administración Autonómica tras la presentación del proyecto original por la Consejería de Presidencia que finalmente se ha visto frustrada. Al final y tras el insulso debate habido en el parlamento de Cantabria el pasado 5 de noviembre la ley incorpora algunos aspectos formales para adaptarse la legislación estatal sobre procedimiento administrativo y sigue perpetuando en los viejos errores que suponen una auténtica colonización de los partidos políticos en el poder de la Administración y la Función Pública de Cantabria, si bien, lo sucedido en nuestra comunidad autónoma no es ajeno a lo que acontece en general en España.
El proyecto de ley presentado en febrero de este año había incorporado un pequeño avance permitiendo que los nombramientos de los altos cargos se hiciera sobre personal funcionario de los grupos A1 o A2, estilo que si bien seguía siendo “dedocrático” al menos lo era sobre funcionarios sujetos a los principios de mérito, capacidad y publicidad. Sin embargo, tras el debate plenario los resultados producen decepción, no exenta de sonrojo por el comportamiento de algunos partidos. Llama la atención que el partido político más beligerante con el estilo de nombramiento a dedo, Ciudadanos, que hace tan solo dos meses había propuesto a nivel nacional el nombramiento de los altos cargos mediante un concurso de méritos, en Cantabria no haya presentado objeción alguna al texto final de la ley. Podemos ha podido incorporar un inocente párrafo por el que una vez hecho los nombramientos el Gobierno deberá informar al Parlamento, es decir, nada relevante y sin ningún efecto jurídico. Finalmente triunfó la enmienda del grupo PP, con la incomprensible aquiescencia del gobierno PRC-PSOE y demás grupos, que prácticamente regresa al mismo contenido de la ley de 2002. Así pues el artículo 69 del nuevo texto de la ley se queda en que “los Secretarios Generales y Directores Generales serán nombrados libremente por el Gobierno atendiendo, a criterios de competencia profesional y experiencia, entre personas que reúnan los requisitos de solvencia académica, profesional, técnica o científica que en cada caso sean necesarios para el desarrollo de la función”. En el caso de los directivos de los organismos autónomos dependientes del Gobierno de Cantabria, el procedimiento es el mismo: “serán nombrados libremente por el Gobierno”. Consta que en algunas consejerías se utiliza también de la libre designación en puestos de Jefes de Servicio, lo que convierte lo que ya es una prerrogativa en un auténtico abuso.
EQUO Cantabria considera que este procedimiento de nombramiento a dedo del personal directivo de la Administración Pública de Cantabria es un auténtico fiasco con consecuencias muy negativas para el funcionamiento y la eficiencia de la propia administración habida cuenta de que en vez de elegir a las personas más preparadas y con más experiencia en la Administración impera el favor político, designando muchas veces a personas insuficientemente preparadas, sin conexión con la estructura funcionarial, al servicio de intereses partidistas, causando la desmotivación y el desarraigo del funcionariado de carrera. En lugar del dedo, EQUO Cantabria propone que el personal directivo sea elegido en función de criterios profesionales y no políticos, sobre la base del mérito, capacidad y experiencia del personal funcionario de los grupos A1 y A2 compartiendo en buena parte la propuesta de los colectivos de funcionarios que abogan por la eliminación del dedazo en la elección del personal directivo en la administración pública.
EQUO Cantabria considera que además de la designación a dedo de los directores generales, secretarios generales, y directivos de empresas públicas y organismos autonómicos, subsiste la libre designación del personal de confianza, lo que conforma todo ello un abuso de las prerrogativas de los partidos políticos en detrimento de una administración racional que se guíe con neutralidad, objetividad e independencia a la hora de solucionar las necesidades de la ciudadanía.
Mesa de Coordinación de EQUO Cantabria