Varios colectivos ciudadanos han presentado un exhaustivo documento de alegaciones al Proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Santander, en el que se señalan graves irregularidades técnicas, procedimentales y de transparencia que podrían comprometer tanto los objetivos ambientales como el acceso a fondos europeos Next Generation.
Críticas al Proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) propuesto
El colectivo de asociaciones y ciudadanos han presentado alegaciones firmes y detalladas contra el Proyecto de Zona de Bajas Emisiones impulsado por el Ayuntamiento de Santander. Las principales objeciones son las siguientes:
Una ZBE que no actúa donde más se necesita
Según los datos de ISGlobal, Santander ocupa el puesto 169 de 858 ciudades europeas por contaminación por partículas PM₂,₅ con 118 muertes evitables, a diferencia de otros contaminantes visibles, las PM₂,₅ no se ven ni se huelen, pero sus efectos son letales a medio y largo plazo; además, el 92,3% de la población de Santander sufre niveles de ruido perjudiciales, afectando gravemente a la salud pública.
Pese a esta realidad, el proyecto de ZBE excluye precisamente las zonas más contaminadas y congestionadas por el tráfico, como Castilla-Hermida, Plaza de Las Estaciones, Avenida de Valdecilla, Cuatro Caminos, Calle Alta o San Fernando. En lugar de intervenir en estas áreas críticas, la ZBE se limita a un pequeño perímetro del centro urbano (0,2 km², apenas el 0,55% del término municipal), sin impacto estructural en la calidad del aire ni en la salud ciudadana. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la zona planteada podría generar un efecto frontera, desplazando el tráfico y la contaminación a las zonas limítrofes, agravando aún más el problema.
Falta de transparencia y ausencia de datos públicos
Los colectivos denuncian que el Ayuntamiento no ha hecho públicos los datos de calidad del aire y ruido recogidos por los sensores instalados, a pesar de estar obligados contractualmente (expediente 112/2022). Además, los puntos de medición están mal georreferenciados.
También se señala que no existe un análisis de tráfico real, ni inventarios de vehículos por etiquetas ambientales, ni estudios sobre la movilidad interurbana, la distribución urbana de mercancías o la siniestralidad vial. Todo ello, según denuncian, “convierte el diagnóstico ambiental del proyecto en un simulacro maquillado de legalidad, pero carente de base científica”.
Grave incumplimiento del marco legal y contratación irregular
Las alegaciones subrayan que el Ayuntamiento ha iniciado la adjudicación del contrato de implantación de la ZBE a la empresa EYSA (Expediente 353/2023) sin que exista un proyecto aprobado ni una ordenanza publicada. Esto vulnera flagrantemente la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y el propio Real Decreto 1052/2022 que regula las ZBE.
Asimismo, el proyecto se fundamenta en un Plan de Movilidad de 2010 obsoleto y una ordenanza de movilidad aún inexistente, lo cual deslegitima la actuación y pone en riesgo la legalidad de toda la implantación.
Riesgo de perder fondos europeos
El diseño deficiente, científica y jurídicamente cuestionable en la tramitación del Proyecto de ZBE podría poner en peligro la recepción o revocación de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU). La Unión Europea exige que las ZBE cumplan objetivos medibles de mejora ambiental, sin embargo, el proyecto santanderino:
– No garantiza la reducción de emisiones.
– Carece de indicadores verificables.
– Incumple el principio de «no causar daño significativo» (DNSH) de los fondos Next Generation.
Conclusiones
La ausencia de datos públicos de contaminación y ruido impide la participación ciudadana informada y el control social de las políticas ambientales.
Una oportunidad perdida para mejorar eficazmente la calidad del aire, reducir la contaminación acústica y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible que proteja la salud pública.
La perpetuación de un modelo urbanístico y de movilidad que no responde a los retos actuales de la ciudad ni a los estándares internacionales de salud ambiental.
Por todo lo cual existe un riesgo de pérdida o revocación de los fondos europeos Next Generation destinados a financiar la Zona de Bajas Emisiones y las políticas ambientales asociadas, con perjuicios económicos y sociales para Santander y sus vecinos.
Una llamada a la ciudadanía
“Santander necesita una ZONA DE BAJAS EMISIONES, global, real, legal y efectiva. No podemos permitir que se imponga un proyecto ficticio o fake ni que se desaproveche esta oportunidad para mejorar la calidad del aire, mejorar la movilidad, proteger la salud pública y la calidad de vida. El mantenimiento de los fondos europeos depende de que el Ayuntamiento rectifique a tiempo”, concluyen los colectivos.
Colectivos:
– ARCA, Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria
– Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche
– Cantabria ConBici
– Ecologistas en Acción Cantabria
– Higuera Ingeniería
– Mesas de Movilidad de Cantabria
– Podemos
– UGT en Verde
– Verdes Equo Cantabria