Verdes Equo advierte sobre el peligro del amianto

El Partido Verde denuncia la incompetencia política y la temeridad social derivadas de la dejación de funciones del Gobierno regional de Cantabria y de los ayuntamientos, al no actuar en el marco de la legislación para proteger la salud de las personas y del medio ambiente.

“Debemos empezar indicando que el asbesto es un material muy tóxico, responsable de la aparición de diversos tipos de cáncer de pulmón al inhalar micropartículas producidas por la rotura de materiales con amianto. Por eso está prohibido su uso desde 2002 y, en 2013, el Parlamento Europeo estableció la obligación de ‘censar’ las instalaciones existentes y retirarlas”, indican desde la formación ecologista.

“En abril de 2022 registramos una Proposición No de Ley para que el Parlamento de Cantabria cumpliera la normativa y elaborara un censo de los edificios públicos con tejado de uralita (que contiene amianto), como colegios, institutos, pabellones deportivos… y desarrollara el Plan Director para la Eliminación del Amianto en Cantabria, que aprobó el propio Parlamento autonómico en 2017, del que tristemente no se ha hecho nada”, remarcan en Verdes Equo.

El Partido Verde, junto con Ecologistas en Acción, y ante las declaraciones del consejero Roberto Media el pasado mes de julio en los medios de comunicación, “sin presentar el proyecto ni someterlo a información pública en el BOC, que es el medio oficial, ocultando datos que debe conocer la población por su implicación en la salud de las personas”, registraron solicitud del expediente completo relativo al proyecto de construcción del vertedero de residuos con amianto en Cantabria.

“La Ley 27/2006 regula el derecho de acceso a la información ambiental y la participación pública, que no se está cumpliendo, y lo hemos solicitado”, incide Gabriel Moreno, “en especial la memoria, informes técnicos, informes evacuados a otras administraciones competentes, el Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental, la Resolución de otorgamiento de Autorización Ambiental Integrada (AAI) o, en su caso, modificación sustancial de la correspondiente AAI previa, así como la autorización de gestor de residuos”.

Con la callada por respuesta, en noviembre se publicó en el BOC la Resolución que autoriza la modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la empresa que gestiona el vertedero. Ante ello, Verdes Equo presentó recurso de alzada en diciembre, al no cumplirse los preceptivos y básicos requisitos de tramitación legal exigidos en la normativa ambiental y administrativa, así como por defectos de contenido y procedimiento de autorización que suponen un grave riesgo para la salud de las personas:

• Nulidad por vulneración del procedimiento y ejecución ilegal de las obras en el vertedero sin Autorización Previa y antes de la Resolución de noviembre, lo que supone una infracción muy grave por haberse vulnerado el procedimiento administrativo y el principio de prevención sin disponer de la correspondiente AAI.

• La Resolución es nula al omitir la capacidad máxima de tratamiento, almacenamiento y eliminación de residuos peligrosos de la instalación, en toneladas o metros cúbicos/año, dato esencial y obligatorio en una AAI.

• Se impugna la calificación del cambio como Modificación No Sustancial, dado que los criterios normativos exigen su catalogación como Sustancial, al poder causar repercusiones importantes y negativas en la seguridad, la salud o el medio ambiente, al incluir residuos peligrosos (amianto) en una instalación previamente autorizada solo para residuos no peligrosos.

Por todo ello, desde el Partido Verde se sigue exigiendo el cumplimiento de la normativa para evitar los riesgos para la salud de las personas, tanto en la fase de derribo de la Residencia Cantabria como en su traslado y posterior depósito en el vertedero.

Asimismo, apoya el movimiento vecinal en los ayuntamientos afectados, que son quienes más directamente están sufriendo y van a padecer dicho vertido y almacenamiento.

Por último, insta a elaborar y hacer público el censo de centros públicos con amianto y a proceder a su retirada para preservar la salud pública y el medio ambiente.