Tras un largo trámite de cuatro años desde que se iniciara el convenio urbanístico entre Conservas Lolín y el Ayuntamiento de Castro Urdiales, impulsado por CastroVerde y PRC, finalmente ha llegado la cordura en medio de la tensión, y una nueva mayoría en el Ayuntamiento ha rechazado la aprobación definitiva del Modificado nº 23 del PGOU para la recalificación de la fábrica y convertirla en un centro comercial, ocupado en su mayor parte por Mercadona. EQUO Cantabria ha estado presente desde el inicio en esta tramitación que llegó a iniciarse con una evaluación ambiental por parte de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística en la que inexplicablemente no se solicitó informe a la Confederación Hidrográfica, ni tampoco a Costas, ni se incorporó el mapa de inundabilidad de la zona, tal como exige la ley estatal del Suelo. Esta ha sido una cuestión que de haberse informado correctamente nos habría ahorrado tiempo y recursos empleados en una tramitación que estaba navegando en zona inundable.

En estos cuatro años ha habido que soportar de todo, y por parte de todas las partes. En el origen, un partido, CastroVerde, que no ha sabido medir las consecuencias de pactar con un particular (no precisamente un particular cualquiera, sino el portavoz y secretario general del PRC en Castro Urdiales) una recalificación de la parcela industrial que afecta a la política urbana del conjunto de la ciudad, y ello, justo es decirlo, sobre el sano pretexto de salvar los puestos de trabajo de un fábrica que se estaba hundiendo y que no vislumbraba otra tabla de salvación que la recalificación y el aumento de las plusvalías del suelo que ocupa. El error consiste en entender que el Ayuntamiento puede satisfacer y salvar a empresas, cuando lo que compete a un Ayuntamiento es la planificación de su municipio y de gestión del urbanismo; gracias a esa herramienta muchos municipios han utilizado la potencialidad de su territorio para que tras la planificación surjan grandes oportunidades: viviendas para los que más lo necesitan, infraestructuras, industrias, equipamientos públicos y zonas verdes. También oportunidades de negocio, y por supuesto, de creación de puestos de trabajo. Pero eso será resultado de una correcta planificación, y no al revés.

En relación con la recalificación de la fábrica de anchoas, si se hubiera planteado un cambio de uso de las actuales instalaciones, de industrial a comercial, nadie hubiera opuesto objeción alguna. Pero no ha sido así. Se trataba de exprimir la parcela al máximo e incorporar un aumento del suelo ocupado de 1377 m2 (un aumento de casi el 42%), y un aumento de la superficie edificable de 2.754 m2 (un aumento del 21,38 %). Algo exorbitante que infringía las normas urbanísticas del PGOU, y la ley del Suelo de Cantabria. Finalmente el informe de la Confederación Hidrográfica del Cantabria, soslayado mientras CastroVerde estuvo al mando, ha adquirido la relevancia que hemos denunciado insistentemente: está prohibido construir en suelo inundable, así lo ratifica un informe de la secretaria municipal, a pesar de que la CROTU en una bochornosa actuación y en contra de los establecido por la propia CHC mantiene que los usos son compatibles y que será el Ayuntamiento quien debe responder al proyecto de ejecución cuando se presente. ¿Se puede ser más irresponsable? EL informe de la secretaria lo aclara: el Ayuntamiento tendría que denegar la licencia de obras si Mercadona pretendiera ocupar la nueva construcción en zona inundable.

Pero en el itinerario de este asunto, hace tiempo que dejaron de interesar la inundabilidad, el incumplimiento del PGOU, la ocupación ilegal de suelo público, las cesiones, los aprovechamientos, o el incumplimiento de la ley del Suelo. Ahora, lo que se sitúa en primera línea de fuego, ya no es una reflexión sobre la política urbana, o sobre la planificación y gestión del urbanismo. Lo que todo el mundo entiende es que se han perdido 50 puestos de trabajo, y lo que muchas personas, especialmente las trabajadoras de la fábrica están dispuestas a oír es un discurso en una sola dirección: que el responsable es el Ayuntamiento, y más concretamente los partidos que no han votado a favor de la recalificación (Podemos, PSOE y C`s). La campaña contra el equipo de gobierno y de Podemos se presenta cargada de declaraciones falaces, del tipo “el Ayuntamiento debió salir al rescate de una empresa que se estaba hundiendo”. Y es una falacia, porque el Ayuntamiento no se lo puede permitir porque incurriría en prevaricación. El tiempo de salvar la empresa y los puestos de trabajo no puede asentarse sobre un proyecto ilegal, que llevaría al Ayuntamiento, una vez más, a los tribunales.

En el pleno en el que se rechaza el Modificado nº 23 (por no obtener la mayoría absoluta) la secretaria del Ayuntamiento tuvo un papel esencial, y lo desempeña para recordar que la empresa no había acreditado el cumplimiento de la cláusula primera del convenio para aprobar el Modificado del PGOU. Justamente la que obliga a que “el Ayuntamiento no vendrá obligado a aprobar definitivamente la modificación del PGOU hasta que por parte de la propiedad y/o mercantil de la industria se acredite la adquisición de la propiedad o el uso de la parcela en el Vallegón, para trasladar la industria existente… y que dispone de financiación y recursos suficientes para la adquisición de la parcela, construcción y puesta en funcionamiento de las muevas instalaciones industriales en Vallegón”. Si esto no se ha cumplido en este largo periodo, ¿cómo es posible confiar en que el futuro de los puestos de trabajo quede garantizado en esta empresa? El Ayuntamiento cumplió con su obligación de tramitar el Modificado, pero mientras tanto el empresario no estaba cumpliendo su parte en el contrato.

Y ahora, una vez rechazo el Modificado del PGOU, ¿se pueden salvar los puestos de trabajo?. No lo sabemos, y todo anuncia la peor de las situaciones para las trabajadoras. Lo que sí sabemos es que hace cuatro y cinco años se estaba en una situación menos mala para salvar la fábrica que la que se produce ahora. Son las decisiones empresariales las que ponen en riesgo o salvan los puestos de trabajo. El Ayuntamiento no puede reinventar la legalidad para amoldarse a las pretensiones especulativas de un empresario. Seguramente la posición de la empresa y de las trabajadoras estaba escrita hace ya bastante tiempo, y esté sujeta a aspectos que tengan que ver con la dirección, organización y financiación de la empresa, pero no nos corresponde a nosotros hacer cábalas sobre esta cuestión, y si desear que la empresa con todos sus empleados puedan seguir teniendo actividad en las actuales instalaciones de Brazomar.

Ahora toca volver a la política urbana. Siempre dijimos que el traslado de todas las fábricas de Brazomar a Vallegón era un buen objetivo, y además, una magnífica oportunidad, a pesar de las servidumbres que pesan sobre la inundabilidad de la zona. Planificar globalmente para que Brazomar adquiera la importancia estratégica que tiene para la ciudad, responder a las necesidades de los vecinos, de los empresarios; restaurar ese espacio urbano, mejorar la movilidad y ganar la ría para la ciudadanía, proyectando quizás un modelo de desarrollo ecológicamente ejemplar con la situación de emergencia climática que sin duda va a afectar a la zona. Hay razones para ponerse a trabajar en ese plan. Quizás con ello se recupere la sensatez, poniendo en el horizonte un plan que sea consensuado por la mayoría municipal, y participado por la ciudadanía.

Comunicado de la Mesa de Coordinación de EQUO Cantabria aprobado el 7 de febrero de 2020